21/07/2011
Los organismos financieros internacionales han generado un discurso, repetido y reiterado hasta la saciedad por la mayoría de los gobiernos y los medios de comunicación, que se ha convertido en un nuevo sentido común. Han conseguido convencer a la mayoría de la población, como analiza el famoso catedrático de economía portugués Boaventura de Sousa Santos, que todos somos culpables de la crisis porque todos, ciudadanos, empresas y Estados, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y nos hemos endeudado en exceso; las deudas deben pagarse y el Estado debe dar ejemplo; dado que subir los impuestos agravaría la crisis, la única solución posible es recortar el gasto del Estado mediante la reducción de los servicios públicos, el despido de funcionarios, la disminución de sus salarios y la eliminación de prestaciones sociales; estamos en un período de austeridad que afecta a todos y para enfrentarlo tenemos que soportar el sabor amargo de una fiesta en la que nos arruinamos y ahora terminó.
Esta realidad , a fuerza de reiteración y de invisibilizar cualquier otro tipo de análisis, se ha convertido en el nuevo pensamiento único que se torna evidente por su redundancia. Es el efecto de la -˜gota malaya-™: gota a gota, el agua horada la roca. Gota a gota, va calando en la mente y construyendo ese nuevo sentido común -˜evidente-™ e innegable. Y, sin embargo, sólo es real ese discurso en la medida en que encubre otra realidad de la que la mayoría de la gente tiene, como mucho, una idea difusa y que reprime para no ser llamado ignorante, disidente o incluso radical por la gente -˜bienpensante-™.
Esta otra realidad nos dice lo siguiente. La crisis fue provocada por el sistema capitalista, abanderado en esta época por un sistema financiero indignantemente lucrativo y tan poderoso que, cuando explotó y causó un enorme agujero financiero en la economía mundial, logró presionar y convencer a los estados (y, por tanto, a los ciudadanos que son quienes financian con sus impuestos los estados) de que lo salvaran de la quiebra y le llenaran sus arcas sin pedirle cuentas. De este modo, los estados se endeudaron increíblemente, por lo cual tuvieron que recurrir al sistema financiero que acababan de rescatar y éste ha decidido que sólo prestaría dinero bajo condiciones que le garantizasen fabulosos beneficios hasta la próxima explosión.
En este escenario, si los estados siguen de rodillas ante los mercados, si siguen empeñados en aplicar medidas neoliberales que, como han comprobado en Irlanda o Grecia, han llevado a la catástrofe, la ruina y una crisis aún más profunda a los países, el futuro inevitable es la recesión, el aumento del desempleo y la miseria de casi todos. La historia de la década de 1930 del siglo pasado nos dice que la única solución es la inversión de los Estados, la creación de empleo, la presión fiscal sobre lo más ricos y la regulación del sistema financiero. Ya la tercera fuerza política de este país, Izquierda Unida, ha elaborado propuestas concretas para una salida social de la crisis que coinciden en buena parte con las reivindicaciones del 15-M: establecer democráticamente otro sistema económico basado en la intervención democrática de la economía, en una fiscalidad progresiva y solidaria, en la eliminación de los paraísos fiscales, en el restablecimiento del control sobre el movimiento internacional de capitales y en la gestión de los recursos al servicio de las necesidades sociales y no del mercado.
Sólo así la austeridad será para todos y no sólo para las clases trabajadoras y medias que más dependen de los servicios públicos (educación, sanidad, pensiones, seguridad social, etcétera).
¿Por qué quieren hacernos ver que esta solución no es posible hoy en día? Por una decisión política de quienes controlan el sistema financiero e, indirectamente, los Estados. Como explica Boaventura Santos, esta decisión tiene como objetivo debilitar aún más el Estado, liquidar el poco Estado del bienestar que queda allí donde todavía existe, desgastar el movimiento obrero hasta el punto de que los trabajadores y las trabajadoras, sin organizaciones sindicales combativas que les defiendan, se vean obligados a aceptar las condiciones de trabajo y la remuneración impuesta unilateralmente por los empleadores. Como el Estado tiende a ser un empleador que paga salarios más justos y como las prestaciones sociales (salud, educación, pensiones, seguridad social) se ejecutan a través de los servicios públicos, el ataque debe centrarse en la función pública y en los que más dependen de ella. De ahí las declaraciones del presidente de la CEOE, Juan Rosell, abogando por «combatir» a los funcionarios «prepotentes e incumplidores», y por decir que no, a «quien se apunte al paro porque sí», mientras presidente de una patronal que tiene en su propio seno a empresarios que están supuestamente evadiendo impuestos y no pagando al fisco, mientras que en el 2010 las rentas del trabajo pagamos cuatro veces más impuestos que los beneficios del capital.
Para los que actualmente controlan el sistema financiero y económico mundial es prioritario, ya no sólo que los trabajadores dejen de exigir una cuota decente de la renta nacional, para lo cual es necesario eliminar todos los derechos conquistados después de la Segunda Guerra Mundial volviendo a la explotación pura y dura del siglo XIX, sino que se instale en su sentido común más profundo la inevitabilidad del sistema capitalista en el que asientan esa explotación (1.400 personas que controlan y gestionan actualmente en España un capital equivalente al 80% de su PIB). Tenemos que rechazar la actual retórica dominante, según la cual la competencia por la supervivencia es un estímulo que favorece la cohesión social y la solidaridad. Al contrario, la competencia es un proceso en el que unos ganan y otros pierden. La historia nunca produjo una sociedad que fomentara el interés común por medio de la lucha, la competencia y la guerra, inspirada en la defensa y la afirmación de los intereses individuales. Para alcanzar una distribución justa de la riqueza común global es necesario avanzar hacia formas de economía basada en la cooperación, la justicia, la solidaridad y la eficacia en la administración de los servicios comunes. Pero tales ideas tienen pocas posibilidades de éxito si antes no desarmamos al poder financiero a través de una iniciativa coordinada a escala mundial que una a las fuerzas políticas, sociales, juveniles y sindicales de la izquierda anticapitalista.
